Minería ilegal preocupa al gobierno colombiano

Colombia: Illegal mining concerns government

Por Dialogo
abril 11, 2012




BOGOTÁ, Colombia – Coltán, tugsteno y cocaína. Estos son las tres principales amenazas al ecosistema de la Reserva Natural Puinawai, ubicado en el departamento de Guainía, en la Amazonía colombiana.
El coltán es una mezcla de minerales que se usa para la fabrcación de dispositivos electrónicos avanzados.
“Una tonelada de coltán puede costar ilegalmente unos US$500.000”, dice Fabio Forero, docente de la Universidad de La Salle en Colombia.
Por su parte, el uso más conocido del tungsteno es como filamento de ampolletas, pero según el historiador Santiago Martínez, de la Universidad de los Andes, “el interés que grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tienen en este tipo de materiales no es otro que ofrecer un producto que es esencial en la fabricación de misiles Tierra-Aire y para la producción de proyectiles capaces de vulnerar blindajes”.
La minería ilegal de ambos en el parque, junto al tráfico de cocaína en la zona, preocupa a las autoridades colombianas.
“Lo que hemos encontrado son organizaciones sofisticadas de tráfico de drogas que están cada vez más involucradas con el tráfico de los minerales del Parque Puinawai”, dijo el comandante militar de la zona, coronel de Infantería de Marina Alfredo de Videro.
La prensa colombiana ha reportado que las ganancias mensuales pde grupos que explotan yacimientos mineros ilegalmente podrían rondar entre $1.600 millones de pesos (US$ 837.915). El gobierno no ha dado a conocer sus cifras al respecto.
“Estamos haciendo todo lo posible para evitar la explotación ilegal de recursos naturales en el país”, dijo a medios locales el ministro de Ambiente, Frank Pearl, quien reconoció que su cartera no tiene los medios suficientes para monitorear el 100% de la superficie de los 56 parques naturales del país. “Algunas entidades no tienen la capacidad de llegar hasta los últimos rincones. Entonces aquí es importante tener las denuncias de los ciudadanos y de los medios de comunicación para evitar y prevenir estas actividades ilegales. Colombia es un país muy grande por lo que evitar en su totalidad la explotación ilegal es un reto bastante complicado de controlar”.

Una de las medidas con las que el gobierno colombiano inició para mitigar el problema fue revocar el pasado mes de marzo 37 licencias vigentes para la explotación minera en parques nacionales de departamentos como Guainía, Vaupés o Guaviare.
“Hay que aclarar que varios de los títulos revocados eran ilegales y fueron falsificados, pues las leyes colombianas prohíben la explotación en parques naturales. Ya podemos decir que no se atenderán las solicitudes de títulos dentro de parques y que los que estaban expedidos, fueron también cancelados”, dijo Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales, organismo bajo la tutela del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Además, durante los últimos cinco meses, la Dirección Nacional de Parques Naturales de Colombia ha rechazado 400 solicitudes que buscaban la aprobación para la explotación minera en los parques naturales del país.
Según el ambientalista y especialista en gestión de riesgo, Gustavo Wilches Chaux, el principal problema del gobierno para poder controlar la minería ilegal en los parques nacionales es la falta de información de los volúmenes que se transan en el mercado negro.
“Es realmente incuantificable y no hay verdaderas cifras de los alcances de este negocio”, dice.
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que la estrategia que está utilizando el gobierno es formalizar la actividad de los mineros ilegales que no operen en zonas protegidas a través de un nuevo código minero que entrará en vigor en la segunda mitad de 2012, el que ofrecerá más capacitación, préstamos flexibles y más organización a la actividad.
Wilches aprueba los esfuerzos del gobierno.
“El Gobierno está enfocado en la formalización del negocio y ese es un paso importante que está dando esta administración. Todavía le faltan detalles, pero va por buen camino. Sin embargo, la explotación en estas inaccesibles zonas es algo con lo que las autoridades van a tener que lidiar constantemente, porque controlar la explotación en general es virtualmente imposible en una selva que ocupa el 10% del territorio nacional y no tiene carreteras o vías de acceso fáciles de transitar. La labor puede parecer muchas veces como buscar una aguja en un pajar”, concluye.
Share