Comandante considera necesaria la supremacía del derecho para detener a talibanes

Por Dialogo
febrero 15, 2011


Con el objetivo de detener a terroristas talibanes, afganos deben confiar en la capacidad de su gobierno para hacer justicia y resolver disputas civiles, según expresó el comandante de una fuerza de “supremacía del derecho” en Afganistán.

En diálogo con periodistas del Pentágono por teleconferencia, el General de Brigada del Ejército Mark Martins dijo que el gobierno afgano debe establecer la supremacía del derecho en provincias, distritos y subdistritos de Afganistán.

Los oficiales afganos necesitan elaborar una “gobernanza sólida que permita una duradera transición de responsabilidad en materia de seguridad a las fuerzas afganas y denegar que este vapuleado país sea un templo para las amenazas globales”, manifestó el general.

Caso contrario, agregó, podrían duplicarse las condiciones halladas en Afganistán luego de la caída del gobierno comunista en 1991.

“Vale la pena recordar que hace 20 años había “fallas estructurales” en el Afganistán de principios de la década de 1990, que engendraron y luego dieron poder a los talibanes, lo que ocasionó que esta tierra se convirtiera un una guarida segura para Al-Qaeda”, expresó Martins. “Una de estas fallas fue la falta de capacidad de los gobiernos afganos posteriores al comunismo de establecer bases a nivel subnacional”.

Luego de la disolución del gobierno, caudillos locales lucharon encarnizadamente para lograr el control. La lucha alimentó el odio, mientras que los caudillos buscaban obediencia a través del uso de la fuerza, como apoyo a sus flagrantes intereses personales, puntualizó Martins.

“Bajo dichas condiciones”, expresó, “incluso las severas y represivas formas de resolución de conflictos y disciplina que ponderaban los talibanes como “justicia”, parecían una alternativa tolerable”.

Afganistán tiene 34 provincias y 369 distritos y sus gobiernos locales y provinciales son débiles. Martins dijo que su fuerza en el campo de “supremacía del derecho” ayuda a oficiales afganos a establecer “zonas verdes” donde prima la ley en las áreas recién despejadas de Afganistán.

El comando trabaja con unidades militares y policiales afganas y de la coalición, así como también con oficiales civiles de coalición provenientes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Unión Europea, Naciones Unidas y otros comprometidos colaboradores internacionales.

Según Martins, el gobierno afgano lidera la iniciativa y el comando opera bajo los auspicios de Naciones Unidas.

Martins se concentró en los esfuerzos de la unidad de la ciudad de Kandahar. Manifestó que las fuerzas afganas y de coalición despejaron de combatientes talibanes la zona oeste de la ciudad. Actualmente, están trabajando para controlar el área, donde está el centro de detención Saraposa del gobierno afgano, que es con frequencia un blanco de críticas por considerarse un símbolo de la ineficiencia del gobierno.

“En 2008, unos 400 prisioneros talibanes escaparon luego de un temerario ataque a la luz del día”, expresó Martins. “Los asesinatos de investigadores, sobornos a fiscales, intimidaciones de jueces y ataques a testigos han corrompido el sistema y oscurecido tanto evidencias como leyes”.

En la actualidad, el centro de detención forma parte de una zona verde donde prima la supremacía de la ley, indicó Martins. En el área asegurada “se proyecta la justicia penal, así como también la mediación y la resolución de conflictos civiles para distritos periféricos”, como en el Centro de Investigación Criminal Chel Zeena, agregó.

“El objetivo inmediato del Chel Zeena es conducir investigaciones profesionales y basadas en evidencias, así como también procesar de forma independiente y de acuerdo con el marco legal, a individuos detenidos en el recientemente remodelado centro de detención preventiva, ubicado junto a éste”, dijo Martins.

El Centro Chel Zeena cuenta con oficinas eficientes, iluminación y servicios constantes, instalaciones administrativas, salas de evidencia y audiencia, así como también un recinto protegido para investigadores, fiscales, guardias y personal administrativo. Según el general, estas personas corren un peligro constante y el complejo les da la oportunidad de realizar su trabajo con seguridad.




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