China vulnera derechos humanos en Perú

Perú lucha por sus derechos económicos, sociales y culturales frente al irracional desarrollo de las empresas chinas.
Julieta Pelcastre/Diálogo | 7 febrero 2019

Amenazas Transnacionales

Las tribus amazónicas Achuar, Kichwa y Quechua protestan frente a la Embajada de China en Lima, Perú, contra las actividades petroleras de empresas chinas sin reglamentos para prevenir los impactos tóxicos industriales en el agua y selva del Amazonas, así como por violación de sus derechos humanos. (Foto: Cris bes Achuar, Kichwa, and Quechua protest in front of the Chinese Embassy in Lima, Peru, against unregulated Chinese oil exploitation, which pollutes the water and the Amazon rainforest and violates human rights. (Photo: Cris Bouroncle, AFP)

Ante la creciente influencia económica de China en Latinoamérica, las organizaciones no gubernamentales (ONG) del Perú observan con preocupación la participación de las compañías de capitales chinos. Estas empresas vulneran en forma sistemática los derechos humanos, contaminan el agua, la región y amenazan la salud y la cultura de los pueblos indígenas, mientras desarrollan proyectos extractivos, energéticos y de infraestructuras para su beneficio.

El puerto de Ilo será el punto de partida para el tren Bioceánico que unirá a Perú con Brasil, vía Bolivia y la Amazonia, como parte del proyecto Chino de la nueva ruta de la seda. (Foto: Fabien Dupoux/Hans Lucas/AFP)

“Ellos [las empresas y los bancos chinos] tienen un comportamiento antiético. Peleamos por nuestros derechos en instancias internacionales”, dijo a Diálogo Julia Cuadros, especialista en minería y miembro del consejo directivo de la ONG CooperAcción en Perú. “Se aprovechan de la débil legislación peruana y violan los derechos que por ley tienen los ciudadanos”.

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo que la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2005 por conducto del Consejo de Derechos Humanos. El EPU examina en forma cíclica la situación de los derechos humanos en los 193 Estados miembros de la organización.

“La ONU envió a la República Popular China en noviembre de 2018 su tercer EPU. Este examen contiene recomendaciones y compromisos específicos para frenar las violaciones a los derechos humanos y ambientales que producen las empresas privadas y federales chinas, en particular las que operan en el extranjero”, comentó Cuadros.

El documento será contestado por China en forma oficial en marzo de 2019, pero el país asiático ya advirtió que habrá recomendaciones que no serán aceptadas si no están alineadas con sus políticas nacionales. “Mientras, las empresas y bancos chinos transgreden los derechos humanos de comunidades peruanas y sudamericanas”, enfatizó Cuadros.

“China nos ve solo como dispensadores de recursos naturales”, agregó a Diálogo Nelly Ledezma, especialista en derecho laboral del sector minero y siderúrgico en Perú. “Tiene un apetito voraz por la materia prima”. 

El informe

La Federación Internacional de Derechos Humanos y la Coalición por las Inversiones y el Financiamiento de China en América Latina junto con otras 15 ONG de Sudamérica presentaron en octubre de 2018 el informe, Evaluación de las Obligaciones Extraterritoriales de la República Popular de China desde la Sociedad Civil: Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú. El documento presenta 18 proyectos chinos apoyados por 15 consorcios y seis bancos asiáticos. De esos, siete proyectos pertenecen a la industria minera, seis a la petrolera y cinco al sector hidroeléctrico.

Las ONG denunciaron a cuatro firmas de capitales chinos por violar los derechos humanos en Perú: Mineral and Metal Group en Apurímac, Chinalco en Junín, Shougang en Ica y Zijin Mining Group en Río Blanco, departamento de Piura. “Bienvenida la inversión extranjera, pero no a costa de vulnerar los derechos de las personas y contaminar la naturaleza”, enfatizó Ledezma.

En La Paz, Bolivia, algunos nombres de avenidas están escritos en español, chino e inglés. China es el principal importador de productos a Bolivia. (Foto: Aizar Raldes/AFP)

El informe concluye que las violaciones a los derechos humanos de las compañías y financistas chinos en los cinco países no constituyen hechos aislados, sino que demuestran un patrón de comportamiento sistemático de transgresiones laborales, ecológicas y culturales. El mismo describe una continuidad de prácticas violatorias con conocimiento de causa, falta de monitoreo y ausencia de medidas efectivas para cumplir con las obligaciones extraterritoriales del Gobierno chino frente a los compromisos internacionales adquiridos.

Amnistía Internacional publicó en noviembre de 2018 el reporte, China: Violaciones de derechos humanos en nombre de la seguridad nacional. Según el mismo, el dragón asiático reprime en su país la libertad de expresión, de asociación y reunión pacífica, de religión y creencias, a un juicio justo, a la no devolución, a no ser sometido a detención arbitraria y a no sufrir discriminación.

“Es difícil esperar un gran compromiso oficial por parte del Estado chino si él mismo vulnera los derechos de su población”, dijo Ledezma. “China, en su búsqueda por deslocalizar su producción y de coronarse como potencia mundial, trata de imponer un desarrollo industrial del siglo XIX en Perú y Sudamérica mediante prácticas feroces y explotadoras”.​​​​​​​ 

El caso peruano

El Ministerio de Energía y Minas de Perú indicó a la prensa que más del 20 por ciento de la inversión minera en el país pertenece a firmas chinas, con USD 11 700 millones. China es el principal socio comercial de Perú y su principal comprador de minerales como cobre, hierro y oro.

“Además, China entró en el sector de energía y de infraestructura estratégica en Perú”, dijo a Diálogo Juan Carlos Mathwes, vicepresidente del World Trade Center Lima. “En los próximos tres años los chinos invertirán USD 10 000 millones en esos sectores”.

El informe de octubre de 2018 precisa que el proyecto minero más grande en el país andino, Las Bambas MMG, en la región del Apurímac, transporta 370 camiones diarios con minerales y sustancias químicas desde 2015, y daña a su paso la salud en 18 comunidades rurales. Chinalco, a cargo del proyecto Toromocho, en la región Junín, reubicó a la población de Morococha a un lugar sísmico e insalubre con humedad continua. Los lugareños, en especial los niños, están siempre enfermos por esa humedad.

En el caso de Ecuador y Bolivia los proyectos mineros desplazaron de manera forzada a varias comunidades indígenas. En Chile los proyectos hidroeléctricos afectarán el patrimonio arqueológico y cultural de comunidades mapuches en la Araucanía. La construcción de una hidroeléctrica en Belo Monte, Brasil, afectó los mecanismos de caza y pesca de comunidades locales.

Cuadros y Mathwes concuerdan en que el caso peruano es crítico por el alto impacto de las inversiones chinas en comunidades rurales. Además causa preocupación la falta de respuesta y apertura de las empresas y financieras asiáticas ante el impacto negativo en los derechos humanos de sus inversiones.

“A las comunidades no solo se les debe garantizar sino cumplir, porque el incumplimiento combinado con la corrupción genera falencias y conflictos”, dijo Mathwes. “El Gobierno de China debe responder por el comportamiento de sus empresas en nuestros países”, finalizó Cuadros.

Compartir
Comentarios:
Le Gusta la Historia? Si 257
Cargando las Conversaciones