China no quiere un orden mundial regido por la democracia

China no quiere un orden mundial regido por la democracia

Por Brian Fonseca / Director del Instituto de Políticas Públicas Jack D. Gordon; Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos Steven J. Green; Universidad Internacional de Florida
febrero 13, 2020

Los países de Latinoamérica y el Caribe deberían obligar a China a aceptar el Estado de derecho, para preservar la integridad de sus instituciones.

La participación china en Latinoamérica es sobre todo el resultado del surgimiento mundial del gigante asiático como potencia económica y política del siglo XXI. Su comercio con la zona creció de USD 17 000 millones en 2002 a casi USD 306 000 millones en 2018, convirtiéndose en el segundo socio comercial más importante de la región, y el primero para varios países latinoamericanos. El crecimiento del país surge en gran parte por su necesidad de recursos naturales y de comercio, fundamentales para mantener su crecimiento económico. Al mismo tiempo, Beijing también tiene interés en el hemisferio para promover su influencia política internacional en organizaciones multilaterales, como la Organización Mundial del Comercio y las Naciones Unidas, así como en organizaciones como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Desde una perspectiva geopolítica estratégica la participación china en el hemisferio occidental es parte de sus amplios esfuerzos a nivel global, con el objetivo de crear un mundo compatible con el modelo político dictatorial de Beijín, que considera que el orden mundial democrático dominante es una amenaza permanente para su propia supervivencia, como régimen político y despótico. Las continuas manifestaciones violentas en Hong Kong, como reacción a la extralimitación de Beijing sobre las políticas en ese territorio, sirven para reforzar la amenaza permanente que las libertades democráticas representan para esos regímenes autoritarios. Pero a pesar de la intención estratégica y aspiraciones de crecimiento de ese Gobierno todavía quedan vestigios de oportunismo que rigen su participación global y hemisférica. Las actividades de China en Latinoamérica y el Caribe varían en magnitud y alcance, y es importante tener en cuenta que la región forma parte, de hecho, de un esfuerzo internacional de Beijing para aumentar su influencia económica, política y de seguridad en general; además de asegurar las bases geoestratégicas en importantes regiones del mundo, como Latinoamérica y el Caribe.

Con ese objetivo, su creciente participación económica y política amenaza los intereses estratégicos del hemisferio en tres áreas principales. En primer lugar, las prácticas económicas chinas incrementan dependencia y representan un desafío para la soberanía de naciones latinoamericanas y caribeñas. En segundo lugar, esas prácticas económicas, combinadas con la proliferación de sus tecnologías de información y vigilancia, socavan la eficacia de las instituciones democráticas y extienden su influencia a las áreas de economía, política y seguridad. En tercer lugar, las complejas campañas de propaganda de Beijing aprovechan las plataformas de medios chinos y regionales. Los Institutos Confucio y las comunidades étnicas chinas en el mundo tratan de limpiar el sentimiento contra Beijín y aumentar su influencia de poder de persuasión en toda la región.

Amenaza a gobiernos democráticos y autonomía política
En los últimos 15 años China creció y se convirtió en un importante socio económico para varios países de Latinoamérica y el Caribe. Su participación comercial en la región incentiva y permite a varias naciones latinoamericanas y caribeñas a buscar una mayor injerencia en sus respectivas actividades diplomáticas y mercantiles internacionales en beneficio de la región. A cambio, China extrae materias primas y accede a mercados internacionales que alimentan su propio crecimiento económico y satisfacen las demandas internas de su población. No hay nada perverso en esto, y no toda su actividad económica gira en torno a socavar la soberanía y la seguridad de las naciones de la región. Entonces, lo preocupante no es que Beijín busque entablar lazos económicos con la región. El problema es que no hace negocios según los principios democráticos que la región se esfuerza tanto por defender. En muchos casos, sus prácticas comerciales afectan a instituciones democráticas que ya tienen problemas, las induce a la corrupción y elude la transparencia y la rendición de cuentas, los cuales son los pilares básicos de los gobiernos democráticos. Sus intervenciones económicas también debilitan el Estado de derecho e ignoran importantes normas medioambientales y laborales.

Beijing aprovecha una mezcla de prácticas económicas y normas diseñadas para persuadir a los países latinoamericanos a que se alineen con sus objetivos de política nacional e internacional. Además, utiliza el comercio y las inversiones con el objetivo de influir sobre países latinoamericanos y caribeños para que le brinden apoyo, como con la política “Una sola China”, así como con condiciones favorables para sus negocios. Por ejemplo, utilizan el atractivo de su gran mercado y financiamiento, con frecuencia bajo la dirección de Beijing, para obtener proyectos de trabajo e ingresar a los mercados en sus propios términos, forzar asociaciones desde donde pueden robar tecnología clave y utilizar sus recursos a fin de posicionarse mejor, sobre todo en industrias estratégicas como las telecomunicaciones, agricultura, inteligencia artificial, robótica y grandes volúmenes de información, según lo manifestado en Made in China 2025, la normativa industrial del Estado lanzada en mayo de 2015, que apunta a que ese país se convierta en productor de bienes y servicios de mayor valor y deje de ser la “fábrica” del mundo. Por supuesto, las empresas chinas cortejan con desesperación a funcionarios públicos y a la élite económica de Latinoamérica y el Caribe con sobornos y acuerdos de “algo por algo”, que rompen con los recientes avances de la región en su lucha contra la corrupción pública.

Vista aérea de un camión en una carretera que cruza la zona sur inundada del Salar de Uyuni, Bolivia, el 10 de julio de 2019. Bolivia se está preparando para producir litio, clave para la industria electromotriz de China. (Foto: Pablo Cozzaglio / AFP)

Sus bancos como el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportación e Importación de China, se convirtieron en los principales prestamistas en Latinoamérica, y tienen un papel fundamental para seducir y atraer a naciones latinoamericanas y caribeñas con préstamos a tasas razonables. No obstante, es la acumulación de esta deuda la que podría, con el tiempo, pesar sobre los gobiernos, y comprometer sus respectivas autonomías en la toma de decisiones políticas, económicas y de seguridad. En Latinoamérica, los préstamos acumulados entre 2005 y 2018 exceden los USD 140 000 millones. Venezuela, seguida por Brasil, Ecuador y Argentina, son los principales receptores de estos préstamos.

Tecnologías baratas y riesgosas
Las inversiones de China en telecomunicaciones, inteligencia artificial y otras tecnologías críticas representan una preocupación en el hemisferio, dadas las vulnerabilidades de seguridad en las tecnologías chinas, que tienen un potencial que puede servir como plataforma de recopilación de datos contra los EE. UU. y sus naciones amigas, y cuestionar el impacto general sobre la soberanía digital y las normas. Más aún, es probable que esta inversión en tecnología de vigilancia afecte la soberanía digital y las normas de Latinoamérica.

En particular, China instaló sistemas de vigilancia en Argentina, Bolivia, Ecuador, Panamá y Uruguay. Según Evan Ellis, profesor investigador de Estudios Latinoamericanos del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los EE. UU., la proliferación de estos sistemas puede normalizar el tipo de violaciones a la privacidad que cometen los Estados autoritarios contra sus poblaciones. Agregó que estos sistemas pueden utilizarse para adquirir grandes cantidades de datos en los EE. UU. y en la región. Es posible que existan accesos clandestinos en los sistemas de vigilancia que permiten a China recopilar información, mientras los Estados latinoamericanos utilizan estas tecnologías en sus calles. Esto podría hacer que la información de ciudadanos caiga en manos del Gobierno chino.

Eliminar el sentimiento anti Beijín
China también participa en complejas campañas de información que perjudican y desafían las fuentes de información de Occidente y promueven su propio poder de persuasión. Para ese Estado, las operaciones de información en la región son esenciales para luchar contra movimientos disidentes como el Falun Gong, que aísla todavía más a Taiwán (casi la mitad de los países que reconocen a Taiwán son de Latinoamérica y el Caribe); para ocultar los conflictos de China en asuntos de derechos humanos en el Tíbet; con los musulmanes uigures y para luchar contra movimientos prodemocráticos, como Venezuela por ejemplo.

Con el uso de los medios de comunicación chinos y regionales y el acceso a más de 40 Institutos Confucio en la región Beijín presenta visiones alternativas sobre una amplia gama de temas. Además utiliza los Institutos y las Aulas Confucio para promover el idioma mandarín, sobre todo entre miembros de sus comunidades en el planeta. Esto permite que Beijing pueda estar en contacto con y a través de esas comunidades alrededor del mundo, para profundizar la influencia orgánica en países anfitriones. Además, también aprovecha su Centro de Prensa China-América Latina y el Caribe, que recibe a periodistas latinoamericanos en China por períodos de cinco a seis meses de duración. En lo que respecta al éxito de estas iniciativas, las encuestas indican un aumento constante de preferencia de China en la región, que en algunos casos supera a los EE. UU. Si bien este resultado no puede adjudicarse solo a sus operaciones de información, es probable que sus campañas de propaganda fortalezcan su imagen en la zona.

Entonces, ¿qué debería hacer la región para preservar la integridad de las instituciones? Obligar a China a aceptar el Estado de derecho. El hemisferio trabaja duro para profundizar reformas democráticas, fortalecer sus instituciones políticas y económicas, defenderse de la corrupción, proteger su medioambiente y abogar por prácticas laborales que fortalezcan a las clases trabajadoras de toda la región.

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