La erosión de la democracia en Venezuela, que se ha prolongado durante décadas, ha culminado en un diagnóstico escalofriante: el propio Estado ha sido cooptado. En el centro de este proceso se encuentra el Cártel de los Soles (CdS), una red informal de altos mandos militares y élites políticas venezolanas liderada por Nicolás Maduro, que ha transformado al gobierno ilegítimo en una empresa criminal.
Como sostiene Juan Miguel Matheus en el Journal of Democracy, esto representa el definitivo “Estado mafioso”, en el que el poder político y las operaciones criminales ya no están separadas, sino completamente fusionadas.
Las mismas instituciones militares diseñadas para proteger a Venezuela han sido reconvertidas en una organización criminal transnacional (OCT). “Maduro es el jefe de la mafia en esta historia. Ha logrado fusionar el poder político con el poder criminal en un solo aparato. Ha colonizado al Estado venezolano y lo ha doblegado para servir al crimen organizado internacional, destruyendo la democracia de su país en el proceso”, afirma Matheus, político venezolano exiliado e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas.
Institucionalización de la gobernanza ilícita
Los orígenes del CdS —llamado así por las insignias de soles bordados en los uniformes de los generales venezolanos—, se remontan a la corrupción militar histórica, según informó BBC Mundo. Las condiciones institucionales para el crecimiento de la red se establecieron por primera vez bajo Hugo Chávez.
Hoy en día, Maduro y otros altos funcionarios dirigen esta red, que aprovecha el control sobre todos los activos logísticos críticos —puertos, aeródromos y puestos fronterizos— para facilitar el contrabando a nivel mundial. Este control institucional proporciona al régimen una amplia fuente de ingresos que, según varios analistas de seguridad, es esencial para mantener la lealtad política y financiar el aparato represor. Los ingresos ilícitos generados por las operaciones de la red, que incluyen facilitar la distribución de hasta una cuarta parte del suministro mundial de cocaína, según el centro de estudios Center for a Secure Free Society, se utilizan para comprar la lealtad de la élite militar, haciendo que su supervivencia dependa de la continuidad del régimen.
Respuesta regional: designación como amenaza terrorista
El CdS no es solo una crisis interna de Venezuela, sino una amenaza transnacional para la seguridad, que ha provocado una acción decisiva por parte de los gobiernos regionales.
Un número cada vez mayor de países latinoamericanos entre ellos Argentina, Ecuador, Paraguay, Perú y República Dominicana, han designado formalmente al CdS como organización terrorista, siguiendo el ejemplo de la designación realizada en julio por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta medida no solo impone sanciones, sino que rechaza fundamentalmente la legitimidad de la estructura venezolana de poder.
Tras la designación del CdS por parte de Argentina en agosto, la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, fue explícita en su evaluación de los líderes del régimen. “Maduro y todo su séquito son narcocriminales”, afirmó Bullrich a través de X, haciendo hincapié en que la medida se tomó para impulsar los esfuerzos regionales de seguridad contra el grupo y sus vínculos con el tráfico de drogas.
Confirmación en tribunales estadounidenses
La estructura criminal del CdS ha sido corroborada por figuras clave del régimen que se han enfrentado a la justicia estadounidense. En un caso histórico, el exjefe venezolano de inteligencia militar Hugo “El Pollo” Carvajal se declaró culpable en junio de 2025 en un tribunal federal de Nueva York, de cargos de conspiración en el tráfico de drogas.
Es fundamental destacar que Carvajal reconoció explícitamente su papel en la estructura del CdS, lo que confirma la participación de las más altas esferas del Ejército en operaciones de narcotráfico a escala continental.
Criminalidad transnacional como arma
El CdS no opera de forma aislada. Se apoya en alianzas estratégicas con otras poderosas organizaciones criminales transnacionales, lo que le permite exportar el crimen y la inestabilidad por todo el hemisferio, entre otras cosas proporcionando apoyo material tanto al cártel mexicano de Sinaloa como a la famosa megabanda venezolana Tren de Aragua (TdA), también designada como organización terrorista por varios países de la región.
Es fundamental señalar que Venezuela, bajo el régimen de Maduro, también actúa como refugio y base operativa para grupos armados extranjeros, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano y los disidentes de las FARC. Estos grupos controlan las economías fronterizas ilícitas, lo que provoca inestabilidad regional y supone una amenaza transfronteriza.
El régimen de Maduro también colabora con grupos criminales que participan en actos de violencia y represión más allá de las fronteras de Venezuela. Esta capacidad quedó demostrada en 2024 en el muy publicitado asesinato en Santiago de Chile del Teniente exiliado Ronald Ojeda Moreno. El Tte. Cnel. Ojeda, un disidente político muy activo, fue secuestrado en su apartamento por individuos que se hicieron pasar por policías y posteriormente fue encontrado descuartizado y enterrado en cemento.
Los fiscales chilenos, citando a testigos protegidos, alegaron que el asesinato tuvo motivaciones políticas, fue orquestado desde Venezuela y se llevó a cabo con la participación del TdA. Además, el fiscal general chileno Ángel Valencia declaró que al menos un testigo testificó que el alto funcionario venezolano Diosdado Cabello Rondón, el supuesto ministro de Maduro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ordenó y financió el asesinato a través de intermediarios del TdA.
“Como si no fuera suficiente con ordenar y ejecutar la tortura y el asesinato de venezolanos a través de las fuerzas armadas y la policía venezolanas dentro de Venezuela, Maduro ahora recurre a esta notoria banda internacional [TdA] para ejecutar sus crímenes transnacionales”, dijo Javier El-Hage, director jurídico y de políticas de la Fundación de Derechos Humanos, en una declaración de abril de 2025.
El asesinato selectivo de un disidente en suelo extranjero, ejecutado con la precisión logística de una operación de inteligencia estatal, pero llevado a cabo por una importante organización terrorista, subraya la naturaleza del CdS: una empresa criminal dentro de un Estado capturado, que utiliza las redes criminales transnacionales para presentar amenazas profundas para la estabilidad democrática en todo el continente.
