La ONG venezolana Fundares denunció a inicios de febrero de 2022 la devastación ecológica ocasionada por la minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco, en el departamento de Bolívar de la Amazonía venezolana. “Sin control alguno continúa el grave impacto ambiental” por parte de las empresas autorizadas por el régimen de Nicolás Maduro para la explotación de oro, “aunado a las acciones de los grupos criminales que hacen vida en la región”, declaró Fundaredes.
El Arco Minero, una zona de explotación de recursos minerales creada en 2016 por Maduro, abarca un área de 112 000 kilómetros cuadrados de selva tropical al sur del río Orinoco, que comprende ocho parques nacionales –incluso el parque nacional de Canaima, patrimonio de la humanidad– y dos reservas de biósfera que se encuentran entre las zonas de mayor riqueza biológica del mundo. Muchas de las minas, dice Global Forest Watch, una iniciativa de la ONG de investigación Instituto de Recursos Mundiales, “son gestionadas por bandas criminales venezolanas o grupos guerrilleros de Colombia bajo la protección de los militares venezolanos”.
La sedimentación de los ríos y la deforestación son algunos de los efectos que tiene la minería ilegal en el Arco Minero, afirman las organizaciones medioambientales. El envenenamiento por mercurio, a veces mezclado con cianuro, es otro impacto de estas actividades en la región. “El mercurio se bioacumula (…) encontrándose concentraciones crecientes en los animales en la cadena alimentaria. Es una potente neurotoxina que puede causar daño neurológico y la muerte tanto en animales como en humanos”, asegura SOS Orinoco, una ONG que señala el desastre humano y ambiental en la Amazonía y la Orinoquia venezolanas.
En el segundo semestre de 2021, SOS Orinoco publicó varios informes sobre las consecuencias de lo que llamaron la “vorágine socioeconómica”, formada en torno a la explotación de oro, coltán, y otros metales preciosos de la zona. Según estos documentos, en esa área existen por lo menos 374 minas donde operan más de 50 000 personas.
“Pranes (líderes de bandas carcelarias), megabandas (grandes organizaciones criminales con más de 50 miembros), sindicatos (bandas originalmente vinculadas a poderosos sindicatos), colectivos (grupos paramilitares), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) operan en la región” y se disputan el control de las minas, dice el grupo de expertos Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS en inglés) en un reporte de abril de 2020.
Pero de acuerdo con la organización internacional InSight Crime, una de las bandas que más ha crecido es las Organización R (OR), que ha logrado posicionarse como uno de los principales poderes en el Arco Minero. “Pocos (…) habían oído hablar de la OR. Los informes de la región enfocaban los esfuerzos militares para tomar el control del comercio de oro (…) de las bandas criminales, en una campaña dirigida por el círculo íntimo de (…) Maduro y, según investigaciones de los medios y fuentes locales, coordinada con la guerrilla colombiana”, dice InSight Crime.
Los intentos del régimen por controlar la minería ilegal genera una espiral de violencia que pareciera no tener control. Según Roberto Briceño, director de la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia, tres de los cinco municipios con las tasas de homicidios más elevadas del país, El Callao, Sifontes y Roscio, se encuentran en las áreas mineras del estado Bolívar.
Según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferencial (RAISG), un consorcio de organizaciones de la sociedad civil de los países amazónicos, la Amazonía venezolana habría perdido en 20 años, a partir de la revolución bolivariana, más de 10 millones de hectáreas de bosques, de los cuales el 80 por ciento se encuentran al sur del Orinoco.
“Sin lugar a dudas el Arco Minero ha incentivado una aceleración en la transformación de la cobertura forestal directamente mediante la minería”, finaliza SOS Orinoco.