Costa Rica: basan proyecto de impuesto para seguridad en exitoso modelo colombiano

Backers Model Proposed Costa Rican Security Tax on Colombian Success

Por Dialogo
septiembre 26, 2011



La policía nacional de Costa Rica se las ingenia con menos de 300 vehículos. La Guardia Costera Nacional, que patrulla 1.290 km de la costa del Caribe y del Pacífico, solo cuenta con 26 embarcaciones. En cuanto al patrullaje aéreo, el país solamente dispone de un helicóptero y seis aviones.
“No hay forma de que podamos enfrentar de manera eficiente los problemas de seguridad nacional y de narcotráfico con semejante falta de recursos", señaló Mauricio Boraschi, viceministro de seguridad nacional y director de la Policía de Control de Drogas (PCD). "Si el país pretende solucionar estos problemas, tendremos que hurgar en nuestros bolsillos y financiar esa lucha. Se necesitará la inversión en seguridad que históricamente este país nunca ha realizado".
La presidenta Laura Chinchilla coincide. A comienzos de agosto, envió una propuesta a la Asamblea Legislativa conocida como “Impuesto a las Personas Jurídicas” o impuesto a las “sociedades anónimas”. Si se aprueba esta ley, conocida como "Ley S.A.", se podrá aplicar un recargo anual de $300 a cada uno de las 485 mil grandes y pequeñas empresas existentes en Costa Rica. El impuesto permitirá recaudar aproximadamente $145 millones anuales, de los cuales la mitad se destinará a mejorar las fuerzas de seguridad y a la compra de equipamiento, vehículos y capacitación.
“Nuestra policía hace lo que puede con escasos recursos", destacó la presidenta. "Pero no es suficiente para brindar el tipo de seguridad que la gente de este país se merece...aprobar esta ley representa un gran paso para alcanzar las metas propuestas por el gobierno y para crear herramientas que permitan mejorar la calidad de vida de los costarricenses".

Para impulsar la aprobación del proyecto de ley, Chinchilla ha destacado el éxito de impuestos similares en otros países de Latinoamérica, siendo Colombia el más importante. En 2002, el entonces presidente, Álvaro Uribe, promulgó una ley que establecía un impuesto a las empresas más grandes "para asegurar la seguridad democrática" de un país azotado por la guerra contra las drogas.
Semanas después de que la Asamblea Legislativa de Costa Rica comenzara a considerar el proyecto de ley, la presidenta Chinchilla invitó al expresidente Uribe a San José para analizar la experiencia de Colombia con dicha ley impositiva y los logros alcanzados.
“En Colombia, sabíamos que era necesario aumentar los recursos en materia de seguridad, por ello establecimos un nuevo impuesto para los sectores de mayores recursos del país", explicó Uribe a los legisladores costarricenses, y reconoció que a pesar de la resistencia inicial al impuesto, la mayoría de las empresas aceptaron pagarlo, en virtud de los graves conflictos en materia de seguridad en ese entonces.
En pocos años, Colombia mejoró sustancialmente. Durante los ocho años de mandato de Uribe, el índice de homicidios cayó de 68 a aproximadamente 32 cada 100 mil habitantes. Las fuerzas policiales nacionales se duplicaron de 70 mil a 140 mil efectivos, y la reputación de Colombia se transformó. "El impuesto no solamente aumentó la seguridad, sino que mejoró la educación, la salud y el bienestar social", explicó el exmandatario. "Aquellos que pagaron el impuesto se vieron recompensados con mejoras en la economía nacional".
Otros dos países centroamericanos, El Salvador y Honduras, analizan respectivamente aplicar impuestos similares para asignarlos a seguridad. Mauricio Funes, presidente de El Salvador, sostuvo que con el impuesto propuesto por su gobierno sobre 2.360 contribuyentes y empresas de alto poder adquisitivo, se recaudarán $120 millones anuales para combatir el delito.

“Pensamos en un impuesto que no va a afectar el proceso de recuperación económica del país", explicó Funes a los legisladores el pasado mes de mayo, indicó además que las pequeñas y medianas empresas no se verán afectadas por este gravamen.
En Honduras, las autoridades esperan recaudar el equivalente a $80 millones anuales a través de impuestos similares, según informó Santiago Ruíz, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP). Aparentemente, el impuesto se aplicará exclusivamente a las grandes empresas del país.
La situación de criminalidad de Costa Rica no es tan grave como lo era la de Colombia en la década de los 90 o la de Honduras o El Salvador en la actualidad, aunque muchos temen que el país, que abolió su Ejército en 1948, pierda su reputación de lugar pacífico si continúa el deterioro en seguridad.
"Lo que ha engrandecido a nuestro país es nuestro compromiso con la paz y la decisión a favor del desarme", añadió la presidenta. "Los problemas de seguridad que enfrentamos en la actualidad ponen en riesgo aquello por lo que todos los ciudadanos de esta nación hemos luchado por crear".
Impuesto en suspenso
La medida tuvo media sanción de la Asamblea Legislativa a comienzos de agosto, y se espera que sea tratada nuevamente por los legisladores en octubre próximo. Los representantes del gobierno confían en que la ley será aprobada. El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, quien espera que los legisladores "tomen la decisión correcta teniendo en cuenta los mejores intereses del país", ya tiene planes para distribuir los abundantes recursos.
Como primera medida se deberán adquirir vehículos de patrullaje. Costa Rica cuenta con unos 270 vehículos, lo que explica la creciente sensación de inseguridad en las calles y la evidente demora en la respuesta a los delitos. En algunas zonas rurales, según el terreno, la policía puede demorar varias horas para llegar a la escena del crimen.
“Lo primero que deberíamos hacer con los recursos es comprar más patrulleros. Esperamos duplicar la cantidad que tenemos actualmente en funcionamiento", explicó Zamora. "Con más patrulleros, aumentará la presencia policial y se podrá hacer más tarea preventiva. Actualmente se cometen delitos porque no existe temor de ser atrapados; esto debe cambiar".
El costarricence medio recibe de buen grado la mayor presencia policial en las calles.
“Vivo aquí desde hace 19 años y la situación de la seguridad ha ido de mal en peor", dijo Nichole Dupont, residente de Drake Bay, al sudoeste de la Península de Osa. “Solamente tenemos dos policías y cerca de mil habitantes. El teléfono de la estación de policía no funciona y no cuentan con un vehículo todoterreno. Los delincuentes pueden hacer lo que les plazca aquí. No temen ser perseguidos por esta policía ineficiente".
Si la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprueba el impuesto, los esperados $72 millones se destinarán a comprar como mínimo 400 vehículos policiales nuevos, que serán distribuidos en todo el país, inclusive en las zonas rurales con escasa presencia policial. Zamora sostuvo que la sanción de la Ley S.A. es una prioridad absoluta para el ministerio de Seguridad Pública.
“Podremos contratar más y mejores policías, con mejor equipamiento e infraestructura y más vehículos", concluyó. "La capacidad de la Policía Nacional será mucho mayor y tendremos mayor alcance. Si contamos con $72 millones más para gastar anualmente, no tengo dudas de que la seguridad nacional será mucho, mucho mejor".
FINANCIAMIENTO PARA POLICIA NACIONAL ..................... O CUALQUIER OTRO ITEM ?
INICIATIVA COLOMBIANA.
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