Las fuerzas armadas y de seguridad en Latinoamérica recurren cada vez más en los drones como herramientas innovadoras y poderosas para combatir a las organizaciones criminales transnacionales (OCT). A medida que estos grupos adoptan la tecnología avanzada para perpetrar delitos, el dominio del espacio aéreo se ha convertido en un factor decisivo en la lucha contra el crimen organizado.
Colombia: vanguardia en tecnología contra delitos
En octubre de 2025, el Ejército Nacional de Colombia marcó un hito al activar el primer Batallón de Aeronaves No Tripuladas (UAVs) de Latinoamérica, con base en el departamento de Boyacá. Este batallón está compuesto por cuatro compañías especializadas, cada una con misiones y capacidades particulares, integrando un sistema de vigilancia autónomo y altamente eficiente.
De acuerdo con la cadena alemana DW, los drones del Ejército colombiano utilizan inteligencia artificial y pueden lanzar ataques desde el aire a organizaciones dedicadas tanto al narcotráfico como a la minería ilegal.
“Grupos armados y organizaciones criminales recurren a UAVs para tareas de vigilancia, ataque y coordinación operativa”, explicó a Diálogo Ángel Rojo, analista argentino en sistemas aéreos militares estratégicos. Rojo advierte que esta tecnología “modifica el equilibrio táctico, favoreciendo escenarios de conflicto irregulares, descentralizados y con creciente protagonismo”.
La amenaza no es nueva. Disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que rechazaron el acuerdo de paz de 2016, han utilizado drones caseros para lanzar explosivos contra fuerzas de seguridad. Solo en 2025 se han registrado más de 350 ataques, con un saldo de 15 muertos y 170 heridos, reporta DW.
“Lo que antes era un símbolo de modernidad tecnológica ahora forma parte del repertorio cotidiano de grupos armados en diferentes regiones del mundo, incluyendo Latinoamérica, que los adaptan con sorprendente rapidez”, señaló Rojo.
En Colombia, los primeros experimentos de las FARC con drones comerciales datan de inicios de la década de 2010, cuando fueron empleados para vigilar cultivos de coca y realizar misiones de reconocimiento sobre campamentos militares y rutas fluviales. “Con el tiempo, algunas unidades fueron adaptadas para lanzar granadas o cargas explosivas artesanales. El objetivo era simple: generar sorpresa, desorganizar al enemigo y demostrar control territorial”, apunta Rojo. “Tras el proceso de paz, estas tácticas migraron a disidencias y bandas criminales, consolidando los drones como parte de la caja de herramientas del crimen organizado”.
Adaptación estatal regional
El despliegue de drones estatales se está expandiendo rápidamente en toda la región. En Perú, la Policía Nacional desarticuló una banda criminal en Lima en noviembre de 2025. Los drones de intenligencia fueron cruciales para identificar y rastrear a los sospechosos durante su huida, lo que facilitó la intervención policial y condujo a las detenciones.
En Argentina, las Fuerzas Federales de Seguridad incorporaron 69 drones de última generación en septiembre de 2025, para reforzar la vigilancia aérea y fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Este equipo, con cámaras térmicas, zoom de alta precisión y transmisión en tiempo real, se emplearán para el control de fronteras, detección de pasos ilegales e investigaciones criminales, extiendiendo así el rango operativo de las fuerzas y reduciendo el riesgo para el personal.
Ese mismo mes en Ecuador, la Fuerza Aérea puso en marcha el escuadrón de drones Rayo Justiciero, dedicado a la vigilancia aérea en zonas críticas dominadas por el narcotráfico y las mafias. Estas aeronaves no tripuladas patrullan pistas clandestinas, controlan la minería ilegal e identifican rutas empleadas por el crimen organizado.
Drones: armas del crimen organizado
La sofisticación tecnológica también ha sido explotada agresivamente por el crimen organizado, liderado principalmente por los cárteles mexicanos.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por ejemplo, cuenta con una unidad dedicada a los “operadores de drones” y ha sido responsable de ataques pioneros, como el primer uso confirmado de drones kamikaze con visión en primera persona (FPV) en la región, a principios de 2025. Entre 2022 y mediados de 2023, la Secretaría de Defensa Nacional de México informó de más de 493 ataques con drones por parte de los cárteles, principalmente contra grupos rivales.
Mientras tanto, en Brasil, a finales de octubre de 2025, el grupo criminal Comando Vermelho utilizó drones para lanzar explosivos contra la policía durante un gran operativo en Río de Janeiro.
“No se trata de grandes UAVs, sino de aparatos pequeños que vuelan hasta su objetivo y estallan, enviando un mensaje claro: podemos alcanzar lo que antes era inaccesible”, explica Rojo. Para el analista, el dron se ha convertido en símbolo de una “nueva guerra: fragmentada, irregular y cada vez más aérea”.
Los drones cumplen una doble función: táctica (monitorear a la policía, coordinar emboscadas, transportar carga ilícita) y simbólica (difundir material audiovisual que demuestra el control territorial). Su proliferación responde a su eficiencia y bajo costo; por una fracción del precio de un arma convencional, las bandas pueden ejecutar ataques de precisión y recolectar inteligencia, todo sin exponer a sus miembros al combate directo.
La organización terrorista venezolana Tren de Aragua (TdA) también utiliza tecnología de drones, principalmente para la vigilancia y el contrabando a través de las múltiples fronteras donde opera su red. Las autoridades de países como Colombia y Perú han documentado el uso de drones por parte de la banda para vigilar a grupos rivales y los movimientos policiales en zonas fronterizas y centros urbanos específicos donde dirigen redes de extorsión y operaciones de tráfico de personas.
El futuro del conflicto
Para Rojo, la respuesta estatal debe ir más allá de los sistemas anti drones reactivos y la interferencia electrónica. “El control territorial requiere inteligencia continua, formación policial especializada y marcos legales claros”.
Según el analista, “Latinoamérica enfrenta una nueva fase de los conflictos internos: la del control territorial asistido por tecnología asequible”. En esta etapa, el Estado necesita más inteligencia que fuerza bruta, anticipar la adaptación criminal, construir una presencia sostenida y recuperar el espacio aéreo como parte del control urbano.
“En Latinoamérica el cielo ya no es neutro; también es un campo de batalla”, concluye Rojo.
