El crimen organizado ha diversificado sus actividades ilícitas en Ecuador hacia la minería ilegal, con graves afectaciones medioambientales en amplias zonas del país, generando situaciones de violencia y abusos de los derechos humanos que agravan el problema de inseguridad. Según Fausto Cobo, director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) de Ecuador, el Estado enfrenta una nueva amenaza “no convencional” que converge con otras actividades criminales como el narcotráfico.
El aumento de la minería ilegal se ha visto facilitado por múltiples factores, como la presencia de yacimientos minerales en zonas remotas y la existencia de redes de la minería ilegal en los países vecinos, Colombia y Perú, según un estudio de diciembre de 2021 del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos (DDOT-OEA).
Sin embargo, las autoridades ecuatorianas no han sido complacientes y han reforzado la aplicación de la ley y los controles sobre el comercio de oro y sobre todo en la lucha contra la minería ilegal.
Operación Manatí en el Napo
En la madrugada del 13 de febrero de 2022, más de 1500 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizaron un gigantesco operativo para detener la extracción ilegal de oro a gran escala en la zona de Yutzupino, provincia del Napo en la Amazonía ecuatoriana.
Durante la operación las autoridades incautaron 107 retroexcavadoras que fueron trasladadas a un recinto ferial. La utilización indiscriminada de gran cantidad de maquinaria pesada ha causado graves daños ambientales en las cuencas hídricas de los ríos Yatunyaku y Yutzupino, afluentes del río Napo, reportó el portal de noticias medioambientales Mongabay.
Alexandra Vela, ministra de Gobierno de Ecuador, señaló que una sola de estas máquinas puede costar hasta USD 250 000 y comparó a los que financian la actividad minera ilegal con los narcotraficantes. “El Gobierno nacional no va a permitir actividades ilícitas como la minería ilegal desarrollada en el mismo nivel que una empresa de narcotraficantes”, dijo a la prensa.
Según el reporte del DDOT-OEA, la proximidad de los grupos criminales que se dedican a la minería ilegal en los países vecinos aumentó la disponibilidad de financiación ilícita, así como el intercambio de conocimientos y técnicas. Por ello, el acceso a la maquinaria pesada, los explosivos y otros equipos suele asegurarse a través de las organizaciones criminales.
Si bien Yutzupino es la zona más afectada del Napo, se registra minería ilegal en casi todas las provincias del Ecuador con excepción de Galápagos y Sucumbíos.
Operativo en Buenos Aires, Imbabura
El 2 de julio de 2019 incursionaron en la parroquia La Merced del cantón Buenos Aires ubicado en la zona montañosa de la provincia de Imbabura, 2500 policías y militares, y 20 fiscales para desalojar las minas ilegales de este lugar. Campamentos improvisados en la zona eran escenario de violentos enfrentamientos entre bandas criminales integradas por colombianos, venezolanos y ecuatorianos que pugnaban por el control de las minas ilegales de oro y otros minerales preciosos.
Según datos del Gobierno, el nivel de ocupación alcanzó las 10 000 personas vinculadas con la minería ilegal, grupos armados que intimidaban a la población y bandas criminales dedicadas a la trata de personas, explotación sexual, explotación laboral y otros delitos.
Minería ilegal en Zaruma
Las actividades de excavación de la minería ilegal en el cantón de Zaruma, provincia de El Oro –que se remontan a la década de 1950– dieron lugar a la formación de grandes socavones en varias partes de la zona. En diciembre de 2021, el socavón de la parte céntrica de la ciudad provocó el hundimiento total de algunas viviendas, familias damnificadas y población desalojada por prevención.
En su visita al cantón, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso declaró un estado de excepción con el objetivo de hacer un “diagnóstico geofísico” y encontrar “soluciones definitivas”.
“Que los zarumeños, los orenses y todos los ecuatorianos conozcan el origen del problema: gente irresponsable que realizan actividades de minería ilegal y pone en riesgo a su comunidad”, dijo Lasso vía Twitter el 20 de enero de 2022, garantizando que se solucionará el problema.