Organizaciones criminales transnacionales (OCT) están detrás de delitos ambientales que amenazan los ecosistemas de Latinoamérica, advierten los expertos. En países como Brasil, Colombia, Perú y Venezuela, la destrucción del medio ambiente viene acompañada de un aumento en la violencia.
“Las economías extractivistas como la minería, la pesca y la industria maderera (en las que convergen actividades legales e ilegales), junto con actividades criminales como el tráfico de fauna silvestre y el narcotráfico, son algunas de las principales amenazas para la supervivencia de estos ecosistemas y sus defensores”, señala un reciente informe de la organización internacional InSight Crime, especializada en crimen organizado en Latinoamérica.
En Perú, los daños ambientales han aumentado debido a la “fiebre del oro” impulsada por el alza del metal precioso y su creciente demanda internacional. Un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) señala que el precio del gramo de oro se ha multiplicado por siete desde el 2000, superando los USD 100 en 2025. El IPE estima que el 44 por ciento del oro ilegal que exporta Sudamérica proviene del Perú, superando a Colombia (25 por ciento) y Bolivia (12 por ciento).
“En el Perú estamos viendo el inicio de una situación cada vez más adversa vinculada a la minería ilegal, que incluye asesinato de trabajadores, secuestro y sicariato”, dijo a Diálogo el abogado peruano César A. Ipenza, especialista en materia ambiental.
En mayo, por ejemplo, 13 trabajadores aparecieron muertos en una mina de la provincia peruana Pataz, luego de permanecer varios días secuestrados. Las víctimas trabajaban para una pequeña mina vinculada a la empresa Poderosa, una de las mayores productoras de oro del país, informó la agencia Reuters.
“Poderosa lamenta el fallecimiento de las 13 personas, que fueron cruelmente asesinadas por criminales aliados a la minería ilegal”, dijo la empresa en un comunicado. Según la compañía, hasta mayo, 39 personas habían sido asesinadas por las bandas criminales, que han tomado el control de la actividad minera en Pataz.
“[En Perú] también aparecen grupos criminales de carácter transnacional, vinculados a la minería ilegal en la Amazonía norte, particularmente en la frontera con Ecuador y Colombia, donde grupos disidentes de las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] incluso han levantado una bandera dentro del territorio peruano”, dijo Ipenza.
El experto advierte además sobre la presencia de OCT como Los Choneros y Los Lobos, en la Amazonía norte, en la frontera con Ecuador. “Esto va siendo cada día más complejo”, afirmó Ipenza. En Ecuador, los delincuentes extorsionan a mineros en el Parque Nacional Podocarpus, donde la deforestación por la actividad minera creció un 125 por ciento entre 2023 y 2024, según el informe de InSight Crime.
Militares peruanos luchan contra grupos criminales
En respuesta al aumento de la violencia, el Gobierno de Perú promulgó, a fines de abril, una ley que habilita la participación de los militares contra la minería ilegal. Los uniformados actuarán en apoyo a la Policía Nacional, durante el estado de emergencia declarado en las zonas afectadas por esta actividad ilícita.
“Las Fuerzas Armadas ya apoyan a la Policía Nacional en el control del orden interno, durante los estados de emergencia declarados para combatir la criminalidad en el país; pero no habían podido intervenir en las zonas afectadas por la minería ilegal, como la provincia de Pataz en la región de La Libertad, en el norte del país”, informó la agencia de noticias EFE.
El 27 de septiembre de 2024 fue declarado el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y el Callao, con una duración inicial de 60 días, para enfrentar el aumento de delitos como extorsión y sicariato, según el sitio de noticias argentino Infobae. Desde entonces, la medida ha sido prorrogada sucesivas veces.
Esfuerzos multinacionales refuerzan la lucha contra los delitos ambientales
Los países de la región también han realizado operaciones militares conjuntas para combatir las OCT en la Amazonía. En junio, una acción coordinada de las fuerzas armadas de Brasil y Colombia, desmanteló ocho dragas de minería ilegal a lo largo del río Puruê, en la frontera entre ambos países. “Alrededor de 200 militares brasileños y colombianos participaron en acciones para combatir el crimen transnacional”, informó el Ministerio de Defensa de Brasil en un comunicado.
Los militares y las fuerzas de seguridad de Brasil trabajan codo a codo en la lucha contra los grupos criminales en la Amazonia. El 31 de mayo, por ejemplo, la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) desempeñó “un papel decisivo en la incautación sin precedentes de un semisumergible, que sería utilizado para transportar cocaína hacia Europa”, dijo a Diálogo la Asesoría de Prensa de la FAB.
Los militares actuaron en conjunto con la Policía Federal (PF) en la región de la isla de Marajó. La operación empleó tecnologías de inteligencia artificial, imágenes satelitales y aeronaves de la FAB equipadas con sensores especiales, lo que permitió el mapeo de movimientos fluviales atípicos en la Amazonía, explicó la FAB. “El éxito de la operación reforzó la importancia de la inteligencia integrada y el uso de plataformas aeroespaciales, para anticipar las estrategias del crimen organizado y proteger el territorio nacional”, declaró la FAB en un comunicado.
El tráfico de drogas funciona como un catalizador de la deforestación, porque las ganancias obtenidas a menudo son lavadas y usadas para otras actividades que generan pérdida de bosques, como la ganadería, la apropiación de tierras y la minería ilegal, informó InSight Crime.
El aislamiento geográfico de la isla de Marajó aumenta las vulnerabilidades de la región, “lo que requiere sofisticación logística por parte de las organizaciones criminales y también respuestas rápidas y precisas de las Fuerzas Armadas”, completó la FAB.
En Colombia, la Cuarta Brigada del Ejército Nacional ha realizado golpes contra la minería ilegal en Antioquia, lo que permitió debilitar las economías ilegales de grupos armados. El 26 de junio, por ejemplo, soldados del Batallón Especial Energético y Vial N.º 4, junto con la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal de la Policía Nacional, desmantelaron cuatro unidades de extracción ilegal de oro, informó Infobae.
“En Bolivia y Venezuela, la extracción minera opera frecuentemente con la bendición del Estado y sus regulaciones permisivas, que difuminan los límites entre lo legal e ilegal”, dijo InSight Crime. En Bolivia, el sector cooperativista controla el 94 por ciento de la producción nacional de oro, pero sus operaciones suelen estar asociadas con actores ilegales, que suelen operar sin licencias ambientales y de la mano de empresas dudosas de China y Colombia, completó InSight Crime.
Los Estados Unidos también apoyan activamente a los países latinoamericanos en la lucha contra la minería ilegal, reconociendo como directamente vinculada a las OCT, la devastación ambiental y los abusos contra los derechos humanos.
Los esfuerzos de los EE. UU. abarcan medidas legislativas y la interrupción de los flujos financieros ilícitos. En febrero de 2025, por ejemplo, se presentó la Ley de Asociación para el Oro y la Minería Legítimos de los Estados Unidos, que propone una estrategia plurianual para contrarrestar el financiamiento ilícito y reforzar los esfuerzos contra el lavado de dinero en el hemisferio.
Más allá de las políticas, el Comando Sur de los EE. UU. proporciona apoyo directo, incluyendo capacitación, equipo e inteligencia, para combatir las cadenas de suministro ilícitas de la minería ilegal. Los EE. UU. también fortalecen las instituciones judiciales y financieras, capacitando a profesionales para investigar y enjuiciar estos delitos. Este amplio apoyo, que incluye memorandos de entendimiento históricos, refleja un compromiso a largo plazo con la cooperación regional y la promoción de cadenas de suministro responsables de minerales.
La creciente amenaza de los delitos ambientales alimentada por redes del crimen organizado en toda Latinoamérica, exige una cooperación internacional sostenida e integrada. A medida que estos complejos desafíos evolucionan y se profundizan, sigue siendo esencial un frente regional y mundial unido, para proteger la invaluable biodiversidad de la región, sus comunidades vulnerables y la soberanía nacional contra las actividades ilícitas generalizadas.
