Un Conflicto Legal: ¿Derechos Humanos O Derecho Internacional Humanitario?

A Legal Conflict: Human Rights Or International Humanitarian Law?

Por Dialogo
abril 01, 2012



CoRonel Juan Carlos Gómez Ramírez de la fuerza aérea Colombiana
La tarea genera aprensión. Los gobiernos sucesivos de Colombia han luchado para
definir el marco legal que rige el conflicto interno que ha devastado al país. Esta serie de
cuestiones ha llevado a muchos fiscales, jueces y abogados a investigar y poner en tela de
juicio al Estado y sus funcionarios, desde la perspectiva de los derechos humanos (DDHH),
respecto de sus acciones para combatir los grupos armados ilegales. Un marco jurídico más
apropiado para respaldar a quienes defienden la patria de los enemigos y delincuentes
constituye el derecho internacional humanitario (DIH).
De igual manera, por falta de conocimiento de las normas que regulan los
conflictos, representantes legales asumen defensas inocuas en favor del Estado, militares y
policías, basándose en el derecho maximalista (una noción extrema) de los DDHH y no como
debe ser; es decir, en el marco legal, diseñado para situaciones de confrontación como es el
DIH. De acuerdo con los DDHH, la única posibilidad de acción de las Fuerzas Armadas y de la
policía es la preventiva y defensiva. Por lo tanto, las operaciones ofensivas que busquen la
neutralización y la sorpresa nunca se pueden considerar, por cuanto son propias de la ley de
los conflictos armados.


En el marco de los DDHH no hay combatientes, no hay objetivos militares, ni tampoco
ventaja militar. En DDHH no existe el término “enemigo”, puede haber delincuentes o incluso
terroristas; a ellos no se les combate, ni se considera darlos de baja, solo se les puede
detener en flagrancia o por orden judicial. Las armas solo se utilizan en defensa propia y
el principio de proporcionalidad se considera como un principio de medio, es decir que la
respuesta como integrante de las Fuerzas Armadas o de la policía ante una agresión debe ser
proporcional a la misma.
En el DIH, la proporcionalidad es un principio de resultado, es decir independiente
de los medios (legales) empleados, el resultado de su ataque y los daños causados, deberá
ser justificado con base en el principio de la necesidad militar. Es decir, la
proporcionalidad en el DIH obliga a que los daños de un ataque a personas y bienes sean
proporcionales a la ventaja militar obtenida. Los daños colaterales propios de cualquier
confrontación armada se deben minimizar. La guerra de por sí implica daños, y ante la
necesidad de los estados de enfrentar una agresión, se les pide que los daños que generen no
excedan los que exige la misión para lograr el fin de la guerra, es decir la paz.
En el área de los DDHH como en el DIH, Colombia tiene compromisos a nivel
internacional, tanto en Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos.
Muchos son los convenios y protocolos que han sido firmados y ratificados por Colombia, lo
que nos obliga y a la vez nos legitima como Estado respetuoso de estas temáticas a nivel
internacional.
DIH en Colombia


La complejidad de la situación colombiana, la barbarie de los grupos armados
ilegales y la creatividad de la delincuencia y el crimen organizado transnacional, unido a
lo cuantioso de sus recursos producto del negocio del narcotráfico, obligan al Estado
colombiano a hacer uso de todos sus medios para enfrentar la agresión y defender a la
colectividad. Esta realidad tiene a la Policía Nacional realizando operaciones atípicas como
son la aspersión y erradicación de cultivos ilícitos en zonas rurales, así como la defensa
de la población con agrupaciones de carabineros, auxiliares regulares y otros grupos
especializados.
Por otra parte, las Fuerzas Armadas patrullan las ciudades y enfrentan grupos
armados y delincuenciales en ciudades y barriadas. Asimismo, deben cuidar y garantizar
elecciones, reprimir manifestaciones violentas, luchar contra el narcotráfico, prestar
seguridad a personajes, cuidar calles, oleoductos e infraestructura eléctrica. La distinción
en cuanto a cuál derecho aplicar cuando se presentan situaciones que ponen en tela de juicio
el accionar de las Fuerzas Armadas y de la policía, nada favorece a las mismas. Hoy ya son
miles los soldados y policías cuestionados y condenados por la inconsistencia jurídica en
cuanto a su marco de actuación.
Beneficios de Adoptar el DIH
Los abogados que defienden al Estado y a sus autoridades tienen la obligación de
adoptar el DIH. El equipo de defensa técnica del Estado debe valorar la posibilidad de
alegar que se actuó dentro del ámbito del DIH. La única solución viable es que los juristas,
encargados de defender los intereses de la patria, utilicen argumentos que justifiquen la
acción de los funcionarios del Estado de conformidad con el DIH. Es decir, los daños en
personas y bienes en un conflicto son una realidad innegable y obedecen a la imperiosa
necesidad que conlleva el uso de las armas para atacar y derrotar una agresión armada. El
Estado debe asumir la responsabilidad administrativa por los daños que se generen. No por
ello, los agentes que defienden al Estado desde las Fuerzas Armadas y la policía deben
responder penal o disciplinariamente, a menos que de su conducta se pueda deducir un dolo,
el cual se convertiría en un crimen de guerra.

Militares y policías no tienen por qué ni pueden asumir todas las responsabilidades
que implica enfrentar una realidad que, como la colombiana, tiene tantas aristas. Los
miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía son los responsables, por tener el monopolio
de las armas, de defender a quienes habitan en el territorio nacional al igual que sus
bienes. Pero el enfrentamiento es de todos los colombianos y de todos depende salir del
torbellino de violencia.
Los funcionarios del Estado, así como los integrantes de la sociedad civil no
pueden ser neutrales; deben sí, ser imparciales, apoyar las instituciones, denunciar el
delito y contribuir en la derrota de los grupos armados ilegales. Ni la neutralidad ni la
indiferencia son opciones en un país que, como Colombia, enfrenta un conflicto interno de
esta magnitud. La salida al mismo es responsabilidad y requiere del compromiso de todos los
colombianos. Si las Fuerzas Armadas y la policía no cuentan con el apoyo moral y material de
su pueblo, podrán pasar otras cinco décadas antes de que veamos el país en paz.
El Coronel Juan Carlos Gómez Ramírez es abogado especializado en Derecho
Administrativo, con maestría en Seguridad Nacional y Relaciones Civiles
Militares.



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