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2012-07-19

Crisis constitucional afecta a El Salvador

El magistrado Ovidio Bonilla, en la imagen bajo el paraguas, marcha hacia la sede de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, el 16 de julio, para asumir como presidente del organismo, rodeado de estrictas medidas de seguridad y de cientos de seguidores.  (Francisco Campos para Infosurhoy.com)

El magistrado Ovidio Bonilla, en la imagen bajo el paraguas, marcha hacia la sede de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, el 16 de julio, para asumir como presidente del organismo, rodeado de estrictas medidas de seguridad y de cientos de seguidores. (Francisco Campos para Infosurhoy.com)

Por Alfredo Hernández para Infosurhoy.com – 19/07/2011

SAN SALVADOR, El Salvador – Este país centroamericano de 6,2 millones de habitantes despertó el 17 de julio con dos presidentes de la Corte Suprema (CSJ), cuando el recientemente designado presidente de la corte, Ovidio Bonilla, y otros cuatro magistrados asumieron sus cargos el 16 de julio, a pesar de una sentencia de la propia Sala de lo Constitucional de la CSJ, que declaró "inconstitucional" la elección del Congreso salvadoreño.

“Intentaremos normalizar las actividades de la CSJ y trabajar por la paz, la justicia, la seguridad y el bien común", expresó Bonillla desde un escenario montado en la sede judicial, ante una multitud que lo aclamaba.

En el fallo, hecho público el 6 de junio, la Sala en lo Constitucional ordenó la revocación de la elección de los cinco nuevos magistrados y del procurador general Astor Escalante, como así también la ratificación de los magistrados elegidos previamente en 2006, que designaron a José Belarmino Jaime “presidente provisional".

El tribunal destacó que el Congreso salvadoreño no puede designar magistrados dos veces durante el mismo período legislativo, según lo establece la Constitución del país.

La Corte Suprema en pleno está conformada por 15 magistrados electos para nueve años y cada tres años la Asamblea Legislativa renueva una tercera parte (cinco magistrados) de sus miembros .

De entre los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional la Asamblea elige al presidente del órgano judicial.

El parlamento eligió a Bonilla y otros cuatro magistrados al finalizar el periodo legislativo, el 30 de abril.

Belarmino Jaime dijo que desde el punto de vista jurídico, dado que no hay presidente electo de la Corte Suprema (según la determinación de inconstitucionalidad contra Bonilla y otros cuatro designados), el cargo recae en el segundo en el orden jerárquico, que en este caso sería el juez Florentín Meléndez.

Como resultado, El Salvador tiene dos presidentes de la Corte Suprema.

La raíz del conflicto puede remontarse a los enfrentamientos políticos dentro del parlamento salvadoreño, donde una coalición de partidos liderados por el Frente para la Liberación Nacional Farabundo Martí (FMLN), el partido que apoya al presidente Mauricio Funes, se rehusó a reconocer el fallo del Tribunal Constitucional, que exigió al legislador Sigfrido Reyes, presidente de la Asamblea Legislativa y miembro del FMLN, a apelar el fallo del tribunal ante la Corte Centroamericana de Justicia.

La CCJ dictaminó a favor de Reyes el 21 de junio.

Por su parte varios jueces de renombre de la región han determinado que cualesquiera sean las conclusiones de la CCJ, el caso está fuera de su jurisdicción.

"La CCJ no posee facultades de resolver en materia constitucional en los países centroamericanos”, dijo José Miguel Alfaro, experto en derecho de integración de Costa Rica y Centroamerica. “ Su facultad es legislar en temas relativos a la integración centroamericana, nada más, esa es su función, no estar resolviendo crisis internas de los países miembros”.

Alfaro destacó el acuerdo del Sistema de Integración Centroamericano, conocido como el Estatuto de Tegucigalpa, habilita la intervención de la CCJ cuando existe pugna entre dos poderes.

"No obstante el caso salvadoreño es entre los fallos de la Sala de lo Constitucional y los diputados oficialistas y sus aliados, quienes poseen la mayoría en el Congreso", añadió.

Para el abogado salvadoreño Salvador Samayoa, la normativa de la CCJ crea un precedente peligroso en la región.

“Muy diversos sectores de El Salvador y relevantes entidades de otros países centroamericanos han visto amenazada la soberanía de sus Estados y la independencia sus propias instancias judiciales", manifestó el jurista.

Asimismo, las organizaciones internacionales han expresado su preocupación sobre la situación en la nación de Centroamérica.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado el 16 de julio en el que "enfatiza la importancia del principio de separación e independencia de los poderes públicos como elemento esencial del Estado de derecho".

La CIDH espera que el conflicto entre los poderes públicos de El Salvador sea superado "en pleno respeto a los estándares internacionales" y asimismo " exhorta al Estado a brindar las garantías necesarias para asegurar el cumplimiento adecuado e independiente de las funciones judiciales".

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